A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara Mérida y elogiara la seguridad y el gobierno de Mauricio Vila Dosal, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que José Eduardo Ravelo, falleció a causa de una neumonía y no sufrió ningún tipo de violación ni tortura, ya que los agentes ejercieron la fuerza necesaria para detener a alguien que se resiste al arresto.
La conclusión del sonado caso del joven veracruzano que ha tomado alcances incluso internacionales descarta una serie de acusaciones contra los elementos policíacos y las numerosas denuncias hechas por su madre, así como pone en situación incomoda a la Fiscalía General del Estado a la que se acusa de falsedad en dictámenes ministeriales.
A raíz de una denuncia interpuesta el 18 de agosto de 2021 por la madre del joven fallecido, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.
A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales.
Asimismo, se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que José falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención.
Igualmente se analizaron las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de su detención, hasta su llegada a la cárcel (11 minutos) y se revisaron los videos de su estancia en la cárcel (24 horas).
Del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto.
A través de la mecánica de lesiones, se concluyó que las lesiones causadas a José fueron correspondientes con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días; no poniendo en peligro la vida.
Los números y colores de la patrulla señalados por dicho joven en la declaración en la que describe las agresiones sufridas no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características. En este caso, la búsqueda se amplió a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo policía estatal y municipales de Mérida y Kanasín.
Se determinó, a través de periciales en medicina, la situación de salud de la víctima y se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte.
En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal.
Sin embargo, la autoridad federal determinó que hubo falsedad en dictámenes ministeriales y por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales.
Actualmente, se está en proceso de judicialización, para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.