Diputados señalan la conveniencia de revisar el marco normativo que regula los criterios de servicios personales en el Poder Judicial
Integrantes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado recomendaron al Poder Judicial del Estado realizar una “reforma profunda” a la manera en que gasta su presupuesto destinado para el año 2022; a fin de beneficiar a poco más de 1,200 trabajadores, quienes piden una redistribución del aumento otorgado
en el paquete fiscal presentado por el Ejecutivo.
Como se ha informado, por segundo año consecutivo el órgano de impartición de justicia plantea “congelar” dicho aumento lo que provocó la inconformidad de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores, Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y el Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado, encabezados por Renán Marcelino Puc Chi y Luisa Inés Martín Puc, respectivamente.
Tras la reunión que sostuvieron con ambos líderes, el diputado Crescencio Gutiérrez González, secretario de la comisión señaló que es recomendable revisar el marco normativo del Poder Judicial para eficientar sus servicios y para reconocer el esfuerzo de las personas que se desempeñan en ese ámbito.
Agregó que la función del Congreso del Estado es aprobar o no el presupuesto, y no el justificar números en cuanto al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo.
Por su parte, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eduardo Sobrino Sierra manifestó que el Poder Judicial tiene facultades para hacer ajustes de su presupuesto para 2022 en vías de aumentar el salario de los trabajadores, además dijo que se necesita trabajar en el funcionamiento del Poder Judicial, porque hay muchas cuestiones que hay que actualizar para que puedan realmente funcionar adecuadamente.
El Poder Judicial está integrado por tres organizaciones, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Municipio; el Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán y el Tribunal Superior de Justicia.
El señalamiento de los líderes sindicales recae en torno a la desigualdad en la distribución del incremento al presupuesto para el 2022, bajo los criterios de presupuestación del llamado “capítulo 1000” pues la mayoría de los recursos se destinan al Tribunal Superior de Justicia que tiene 289 plazas y el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios que posee 23 plazas; en contraste con el Consejo de la Judicatura, que posee 921 plazas de las cuales apenas 143 son susceptibles de sufrir un incremento de acuerdo a los criterios de presupuestación del Poder Judicial para el 2022.
Los líderes sindicales confían en que el Poder Judicial se apegue a las normas de Contabilidad Gubernamental que aseguren una clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del gasto que permita identificar los bienes y servicios que el ente público demanda para desarrollar sus acciones de manera eficaz y con justicia distributiva.
